Este documento es un proyecto colaborativo elaborado por la Cooperativa de Economía Feminista Desbordada, fue realizado durante los años 2018 y 2019, y editado en 2020. El equipo estuvo compuesto por Camila Bustamante Pérez, Claudia Hernández Aliaga, Maritza Moraga Méndez, Fernanda Moscoso Briceño, Magdalena Navarro Ibañez, Francisca Orellana Rueda, Camila Rojas Vidal, Catalina Valencia Zamora, Magdalena Rendic Illanes y María Paz Rojas Maiz. Se agradece la colaboración de Camila Arroyo From, Francisca Barriga Yumha y Amparo Bravo Arias.

Primera Edición: julio de 2020

Los contenidos de este documento pueden ser reproducidos, citando la fuente: “Cooperativa Desbordada (2020). La crisis del sistema de pensiones chileno: una mirada desde la economía feminista.”

El sistema de pensiones en Chile se encuentra en una profunda crisis, al ser incapaz de asegurar una vida digna para las personas. En este trabajo se utilizan las herramientas que propone la economía feminista para identificar sus falencias y omisiones, así como sus consecuencias sobre la vida de las mujeres. A partir de tres ejercicios se busca evidenciar cómo el sistema previsional de capitalización individual chileno desconoce la interdependencia humana, invisibilizando y desvalorizando las labores que se realizan en los tiempos y espacios fuera del mercado. Se identifican, al menos, tres grandes falencias: el sistema no considera los trabajos no remunerados en la construcción de las pensiones; se basa en un tiempo lineal e ininterrumpido de trabajo que no aplica a gran parte de las mujeres; y niega la contribución indispensable de los trabajos no remunerados para el funcionamiento del mercado laboral.

Introducción

La vida humana y el trabajo necesario para su sostenibilidad han sido los grandes ausentes de la construcción teórica, política y práctica de la economía. Por el contrario, y especialmente en el contexto capitalista, el foco de interés ha estado puesto en el mercado y en el trabajo remunerado que produce^[1][2] mercancías y servicios intercambiables en él. Esta comprensión ha dejado fuera del análisis a quienes históricamente han realizado los trabajos domésticos y de cuidado que aseguran esa sostenibilidad: las mujeres.

La crisis del sistema económico capitalista no sólo evidencia el conflicto entre el capital y el trabajo sino, sobre todo, el conflicto ineludible entre el capital y la sostenibilidad de la vida, al poner en el centro el mercado y construirse en torno a la idea de un individuo -masculino- independiente, quien no requiere de otros para sobrevivir y cuya vida tiene una estructura lineal; no tiene necesidades ni responsabilidades de cuidados ni períodos de ausencia en el mercado, es decir, un individuo sin infancia, sin vejez, sin padres ni madres y sin hijos, hijas, hijes^[3].

En el contexto chileno, este conflicto se hace patente en diversas esferas, especialmente en la vida de las mujeres. Desde su ingreso masivo al mercado laboral, las mujeres han debido asumir dobles y hasta triples jornadas de trabajo remunerado y no remunerado para hacer frente a las necesidades económicas, físicas, sociales y emocionales propias y de sus familias, lo que parece no tener eco ni respuesta de parte de la población masculina ni de las instituciones públicas y privadas. Del mismo modo, el sistema de seguridad social vigente entrega respuestas insuficientes para aquellas mujeres que dedican su tiempo completo a sostener las vidas de otras personas y que no están en posición de reclamar los -limitados- derechos asociados al trabajo formal remunerado. El sistema de pensiones de capitalización individual que obliga a quienes trabajan remuneradamente a entregar una cotización mensual a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es un ejemplo de ello.

La economía feminista es un enfoque teórico que permite analizar críticamente la economía como ha sido entendida hasta ahora, proponiendo expandir sus límites; comprendiendo el rol del género en ella y asumiendo un compromiso con las situaciones de desigualdad (Pérez Orozco, 2014). Este enfoque sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida en lugar de los mercados y permite visibilizar y revalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que han realizado históricamente las mujeres, desechando la idea de independencia del individuo económico. Es por esto que resulta imprescindible situarse desde esta perspectiva para poder realizar un análisis profundo del sistema de pensiones chileno, contemplando sus sesgos androcéntricos y mercantiles, que perpetúan las desigualdades estructurales.

2. El sistema de pensiones chileno: los límites de la capitalización individual

El sistema de pensiones que rige en Chile en la actualidad fue implementado en 1981, en plena dictadura civil-militar. Una de sus principales características es ser un sistema privado de capitalización individual, basado en las contribuciones^[4] de las personas que trabajan de manera formal dependiente e independiente^[5], las cuales están obligadas a cotizar el 10% de su salario imponible mes a mes, con excepción de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Las encargadas de administrar estos aportes son las AFP, sociedades privadas anónimas, con fines de lucro, insertas en una industria de baja competencia, que cobran una comisión en función del salario imponible.

El resultado de este sistema son pensiones completamente insuficientes, que no superan la línea de la pobreza^[6] y no alcanzan para solventar una vida digna. Según datos de Fundación SOL, basados en cifras oficiales de la Superintendencia de Pensiones (SP), la mitad de las personas que se pensionaron por vejez en abril 2020 logró autofinanciar una pensión de apenas $92.384 o menos, siendo la situación de las mujeres aún más crítica, al lograr autofinanciar una pensión de tan sólo $36.724 o menos (Gálvez & Kremerman, 2020).

Las falencias del sistema y las bajas pensiones percibidas por la población adulta mayor llevaron a una reforma el año 2008. Así, se creó el Pilar Solidario de Pensiones, conformado principalmente por la Pensión Básica Solidaria (PBS), que tiene como fin entregar pensiones a las personas que no participaron en el sistema previsional; y por el Aporte Previsional Solidario (APS), dirigido a personas que tienen una pensión contributiva muy baja. Estos beneficios son focalizados para el 60% más pobre de la población, sin cumplir el principio de universalidad, que propone la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los sistemas de seguridad social.

Una de las reformas implementadas, dirigida específicamente a mujeres, es el “Bono por Hijo (nacido vivo o adoptado)”, cuyo objetivo es compensar las lagunas previsionales a las que se ven enfrentadas las mujeres al ser madres. Este beneficio, por una parte, no está orientado a todas las mujeres que son madres, ya que parte de los requisitos es pertenecer al sistema (haber cotizado), o ser beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez orientada al 60% más pobre de la población. De esta forma, madres que nunca cotizaron y que no pertenecen al grupo de menor ingreso quedan excluidas. Por otra parte, asume que la ausencia de las mujeres en el mercado laboral remunerado se asocia a ser madres y no a otros tipos de cuidados y labores.

Así, el Sistema de Pensiones vigente se compone principalmente por un pilar de capitalización individual (contributivo), complementado con un Pilar Solidario (no contributivo, financiado vía impuestos). Acorde a la SP, a marzo 2020 las mujeres afiliadas al sistema representaban 46,7% del total de afiliación^[7], y 61,4% del total de personas beneficiarias del Pilar Solidario (Superintendencia de Pensiones, 2020).

A pesar de las reformas implementadas las pensiones siguen siendo bajas. En abril 2020^[8] los hombres recibieron en promedio una pensión total^[9] de $354.331, mientras que las mujeres recibieron $222.927, lo cual equivale al 63% de la jubilación promedio de los hombres. Al observar las medianas, sin embargo, los montos bajan considerablemente; la mitad de los hombres obtuvo una pensión total de $244.445 o menos, mientras que la mitad de las mujeres obtuvo una pensión total de $155.791 o menos, una diferencia del 36%. Por su parte, la tasa de reemplazo^[10] también es considerablemente menor para las mujeres que para los hombres, con un 29% y 52% respectivamente. Esta realidad demuestra que el sistema de capitalización individual no sólo proyecta las desigualdades presentes en el mercado laboral, sino que, además no es capaz de revertir las desigualdades de género en la estructura social.

Las desigualdades de género en el mercado laboral tienen múltiples dimensiones, una de ellas es la brecha de salario promedio por hora de trabajo, que alcanza un 14% entre hombres y mujeres (Barriga, Durán, Sáez, & Sato, 2020). Por otro lado, es relevante analizar la inserción de las mujeres en los trabajos remunerados. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), el primer trimestre del 2020, la tasa de participación laboral femenina fue de un 52,1%, en contraste con la masculina que fue de un 73,3%. Otras dimensiones interesantes de relevar son la informalidad y los trabajos precarios feminizados.

Estas desigualdades dentro de las esferas monetarizadas se explican principalmente por la división sexual del trabajo, la cual estructura roles tanto dentro como fuera del mercado. Esto se ve reflejado en que, tal como se observa en el Cuadro 1, el 38% de las mujeres que no trabajan remuneradamente, no lo hacen porque no tienen con quien dejar a sus hijes, adultos mayores u otro familiar o por los quehaceres domésticos, porcentaje que en los hombres alcanza un 2%. Por otro lado, estas diferencias se manifiestan en el número de horas que destinan hombres y mujeres al trabajo no remunerado^[11], donde dedican 19 y 41 horas semanales respectivamente, según datos de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del año 2015.

Cuadro 1. Personas que no trabajan porque no tienen con quien dejar a su hije, adultos mayores u otro familiar o por los quehaceres domésticos, por sexo y tramo de edad

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Estas características estructurales no permiten que el sistema de pensiones chileno cumpla con entregar pensiones suficientes para tener una vejez digna. Tanto la estructura inicial del sistema como las reformas efectuadas reproducen y profundizan las desigualdades instaladas, ya que las pensiones no se consideran como un derecho social básico para personas que contribuyen al sistema desde sus diversas aristas, sino que  solamente se asocia a las trayectorias individuales dentro del trabajo remunerado formal.

3. Marco teórico y conceptual

Teniendo como horizonte la crítica al sistema de pensiones chileno desde la economía feminista, es preciso ahondar en los debates acerca de cómo se ha construido el andamiaje conceptual sobre el trabajo doméstico y de cuidados, las principales interrogantes en torno a su visibilidad y valor, la relevancia de la interdependencia como dimensión fundamental de la reproducción social y la pertinencia de los principios que rigen al sujeto económico.

3.1. Debates en torno al concepto de trabajo doméstico y de cuidados

Economistas clásicos como Ricardo, Marx y Smith relevaron la idea de que la sociedad debe ser capaz de adquirir las condiciones materiales necesarias para su reproducción, pero no lograron articular aquello con las actividades económicas que ocurrían dentro de los hogares para que esas necesidades efectivamente fueran satisfechas (Carrasco, 2017). Al omitir esta parte del proceso, obviaron un conflicto social que fue rescatado por la perspectiva feminista marxista a partir de los años 70^[12]. Bajo esta mirada se constata que la organización de la producción, tanto fuera como dentro de los hogares, está moldeada estructuralmente por el capitalismo y por el patriarcado (Hartmann, 1981). Es decir, se evidencia que no sólo se genera un conflicto cuando el capital se apropia del trabajo asalariado sino también, de manera indirecta, cuando se apropia del trabajo que se requiere para producir esa fuerza laboral, conflicto que históricamente ha sido resuelto a través del trabajo no pagado de las mujeres en los hogares.

Es en este contexto que se populariza en la academia el estudio de los conceptos sobre producción y reproducción, que no estuvieron ausente de críticas. Las dos principales se centraron, por una parte, en que el carácter dicotómico que establecen los conceptos genera la ilusión de que las actividades asociadas se realizan de forma paralela y separada – cuando en realidad los límites de cada uno son bastante difusos – y, por otra parte, que estos conceptos ya fueron utilizados en la disciplina económica para definir procesos centrados en lo mercantil (Carrasco, 2017). En definitiva, se advierte de los problemas que conlleva aplicar esquemas de análisis preestablecidos para sacar a la luz conflictos sociales que en el pasado fueron deliberadamente excluidos.

Por otro lado, en el feminismo italiano, el concepto de reproducción social aparece tempranamente como el complejo proceso de tareas que la familia, el trabajo asalariado y no asalariado, el Estado y las organizaciones sociales y políticas, desarrollan con el objetivo de reproducir a la población. En el marco de la reproducción social, se encuentra el trabajo doméstico, que incluiría tanto la producción de bienes necesarios para la mantención de la vida, como la alimentación o la salud, así como el trabajo de cuidados directos de dependientes y de las personas que constituyen la fuerza de trabajo  (Carrasco, Borderías y Torns, 2011).

Es en estos aportes donde el trabajo de cuidados toma más fuerza, como papel central en el proceso reproducción. Se analiza a los cuidados desde su doble dimensión, desde una perspectiva sistémica como imprescindible en los procesos de reproducción social, y también desde su dimensión personal, como inherentes y constitutivos de la vida misma.  A su vez, el aporte que se realiza aproximándose a los cuidados desde su dimensión sistémica y personal, permite visibilizar que es un derecho de cada une y a la vez una responsabilidad colectiva (Carrasco, 2017).

A raíz de los aportes y debates conceptuales que se han utilizado en la economía feminista, en el presente documento se utilizará el concepto de trabajo doméstico y de cuidados, ya que engloba y se refiere directamente a aquellas actividades necesarias para reproducir la vida.

3.2. La invisibilización y desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados

En respuesta a la ausencia histórica de los conceptos de trabajo doméstico y de cuidados en el ámbito social, político y económico, se hace necesario identificar las raíces de este silencio. Las teorías sobre las estructuras sociales del género son múltiples y diversas, sin embargo, la mayor parte de ellas coincide en que las diferencias de género no responden sólo a una dicotomía, dos dimensiones distintas y contrapuestas, sino que implican además desigualdad. Así, la relación entre ambas es una relación de poder, una relación jerárquica donde lo femenino está subordinado a lo masculino.

Como han mostrado autoras como Sherry Ortner (1972) y Gayle Rubin (1975), en la mayor parte de las sociedades lo masculino ha sido valorado positivamente, y lo femenino ha sido desvalorizado e invisibilizado. A partir de ello, lo femenino se ha delimitado a la función reproductiva de la vida y denegado su acceso a otras esferas de lo social.

Silvia Federici (2004, 2018), por su parte, plantea que la división sexual del trabajo se habría reforzado en el proceso histórico de la privatización de los campos comunes y de la apropiación de los cuerpos de las mujeres mediante la caza de brujas, en el proceso fundacional del capitalismo. Durante este proceso, el trabajo de cuidados habría sido designado a las mujeres, y en tanto trabajo femenino, se habría afianzado históricamente como un trabajo invisible y de menor valor.

Ambas teorías, si bien distintas, permiten comprender la manera en que los trabajos que permiten la reproducción social son considerados de menor valor y por ello, son realizados por mujeres; y a la vez, de manera recursiva, los trabajos asociados a cuestiones femeninas resultan desvalorizados.

La desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados se evidencia a nivel simbólico y material. A nivel simbólico, ha sido menospreciado, subestimado e invisibilizado. A nivel micro, en la cotidianidad de los hogares donde muchas veces quienes no realizan trabajo de cuidados no advierten e incluso desmerecen la carga de tiempo y esfuerzo que este implica. A nivel macro, en la organización social de los trabajos, es decir, en cómo se estructuran las jornadas laborales, cuánto tiempo es requerido para cuidar o qué proporción de personas son necesarias para generar ingresos monetarios en los hogares a través de empleos remunerados. A nivel material, esta invisibilización se expresa en la inexistencia de retribución monetaria, cuestión que ha sido ampliamente discutida en el debate acerca del salario para el trabajo doméstico y de cuidados^[13].

Asimismo, se manifiesta no sólo en la precarización de los empleos y salarios de quienes realizan trabajo doméstico y de cuidados dentro del mercado, sino también en la ausencia de estas temáticas en el diseño de las políticas públicas. Una expresión de esto se encuentra en el sistema de pensiones chileno, el cual se basa principalmente en el trabajo productivo y remunerado para la construcción del monto que recibirán las personas en su vejez.

3.3. La dimensión ineludible de la interdependencia

Los cuidados son actividades económicas de carácter específico difícilmente analizables bajo el pensamiento económico tradicional. Uno de los aspectos más divergentes en ese sentido es su carácter relacional. El cuidado se basa en el desarrollo de una relación y no en la producción de algo separable de quien lo produce. Tampoco es sólo una prestación de servicio, pues “para ser digno del término “cuidado” en su núcleo, también debe existir el desarrollo de una relación entre la persona cuidadora y cuidada” (Himmelweit, 2007, p. 584).

Dada esta dificultad, el pensamiento económico tradicional ha centrado su análisis en un sujeto que ha sido denominado por la economía feminista como hombre champiñón. Un individuo que aparece mágicamente en el mercado, independiente y que optimiza permanentemente sus decisiones en lo público, sin necesidades más allá de las que cubre con su consumo mercantil y sin responsabilidades sobre el bienestar ajeno (Nelson, 1995; Pérez Orozco, 2014). El problema de considerar al hombre champiñón como representación universal es que niega la vulnerabilidad humana y no humana (Pérez Orozco, 2014).

La vulnerabilidad no humana se explica a través de la ecodependencia. En palabras de Yayo Herrero, el “régimen del capital” ignora los límites físicos de la Tierra y se basa en la creencia de que somos seres autónomos e independientes de la naturaleza: “El que los seres humanos puedan vivir “emancipados” de la naturaleza, de su propio cuerpo o de las relaciones con el resto de las personas no es más que una ficción cultural. Son las mujeres, los bienes y ciclos naturales, otros territorios y otros pueblos quienes mantienen y soportan las consecuencias ecológicas, sociales y cotidianas de esta supuesta vida independiente” (Herrero, 2016).

 Por su parte, la vulnerabilidad humana se traduce en la interdependencia entre las personas y el carácter relacional del trabajo que asegura la sostenibilidad de la vida, imponiendo un ideal de autosuficiencia que en la realidad no es posible. La necesidad de cuidados que toda persona necesita demuestra que las vidas humanas son interdependientes, y que la única manera de hacer frente a la vulnerabilidad es junto a otras personas. El modelo de vida autosuficiente sólo se puede mantener a costa de la invisibilización de las dependencias, de los sujetos que las resuelven, y de “los cuidados como un trabajo, como una dimensión de la vida y como una tarea socialmente imprescindible” (Pérez Orozco, 2014, p. 210).

Como consecuencia, la interdependencia se ha resuelto de manera asimétrica, a través de la explotación y la distribución desigual de las responsabilidades de cuidados. Esta injusta organización social del cuidado se observa, en primer lugar, en la distribución desigual de trabajo entre las instituciones, que Corina Rodríguez Enríquez (2015) refiere al “diamante de cuidados”, compuesto por el Estado, mercado, organizaciones comunitarias y hogares, siendo estos últimos donde se sobrecargan estas tareas. Y, en segundo lugar, en las responsabilidades dispares que asumen hombres y mujeres, donde son ellas quienes asumen la mayor carga de trabajo (Rodríguez, 2015). La negación de la interdependencia ayuda a explicar la división sexual del trabajo, la invisibilización de los trabajos doméstico y de cuidados que sostienen la vida, encontrándose, por lo tanto, en el corazón del diseño de los sistemas de pensiones de capitalización individual.

3.4. La imposición del ciclo de vida masculino como modelo

El sistema económico y las políticas sociales, con fuerte orientación androcéntrica, tienden a reducir los procesos vitales a decisiones personales. Particularmente, la teoría del ciclo de vida de Modigliani (1966, 1986), que ha sido la base de los sistemas de capitalización individual, propone que la vida tiene tres etapas principales: endeudamiento, ahorro y desahorro. Esta teoría supone que los consumidores buscan niveles de consumo estables a lo largo de sus vidas; ahorrando durante sus años de trabajo remunerado para luego, durante su jubilación, disponer de dichos ahorros para sobrevivir. Esta propuesta complementa la Hipótesis del Ingreso Permanente de Friedman (1957), según la cual los consumidores ajustan sus patrones de consumo a lo largo de su vida cuando sus ingresos varían. Ambas teorías reducen y estandarizan las decisiones de las personas en un solo perfil.

Es evidente que este modelo de ciclo de vida no representa a cualquiera, sino que la forma de vida de un sujeto varón, blanco, burgués y adulto, con una funcionalidad normativa y heterosexual, llamado por la economía feminista como BBVAh^[14], en torno al cual no sólo se concentra el poder y los recursos, sino que todo intento de modelar y definir la vida misma (Pérez Orozco, 2014).

La imposición de este sujeto ideal tiene como consecuencia que el mercado laboral moderno, funcional al sistema neoliberal, profundiza la precariedad de un grupo importante de personas. Como lo describe la OIT (Torres, 2015), las relaciones de empleo son cada vez menos seguras, la informalidad sigue siendo una práctica corriente en muchos países y la utilización de contratos de muy corta duración y de horarios de trabajo irregulares se ha masificado; además, del aumento de nuevas dinámicas dentro del trabajo asalariado como los contratos a tiempo parcial o temporal que van en ascenso.

En consecuencia, este sujeto autosuficiente es el único agente legítimo en un sistema cuyo éxito está determinado por trayectorias laborales específicas, que suponen formalidad laboral, cotizaciones tempranas sin lagunas, ingresos laborales ascendentes, y otros factores derivados exclusivamente de la calidad de “trabajador asalariado formal” (Pérez Orozco, 2014). Todo perfil divergente del modelo no es capaz de acceder a ser beneficiario de los sistemas de previsión social. Si bien las instituciones de seguridad social reconocen la existencia de grupos vulnerados y, en el caso chileno, han implementado iniciativas para “mejorar” las condiciones de sus pensiones, su análisis no observa la totalidad de la población, traduciéndose en políticas focalizadas y sesgadas, dejando fuera particularmente a quienes participan de las esferas invisibilizadas y feminizadas.

4. Críticas feministas al sistema de pensiones chileno a través de un análisis empírico

Para el análisis empírico se utilizaron principalmente dos fuentes de información: la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del 2015 y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) para el trimestre móvil enero-marzo 2020, ambas desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Estas fuentes de información sólo permiten la desagregación por género entre hombres y mujeres, lo que produce una limitación en el espectro de los análisis desarrollados a continuación. Los gráficos son presentados de manera binaria, comparando la situación de hombres versus las de mujeres frente al empleo y al trabajo no remunerado, producto de que no existen datos para analizar la diversidad de identidades de género que existen. Tampoco se incorporaron análisis socioeconómicos para ver las diferencias de tiempos entre clases sociales, ni desagregaciones por condición étnico racial.

A pesar de estas limitaciones, el análisis a continuación problematiza a través de un enfoque feminista sobre la crisis del sistema de pensiones en Chile, relevando esferas históricamente invisibilizadas cruciales para entender la profundidad de esta crisis desde una perspectiva multidimensional.

La economía feminista, nutrida por las luchas históricas del movimiento social y por el constante diálogo con diversas corrientes heterodoxas, nos entrega nuevos elementos que permiten plantear al menos tres vías desde donde es posible criticar el sistema de capitalización individual. La primera se refiere a que no considera el trabajo de cuidados como una labor digna de recibir una pensión. La segunda indica que el modelo sobre el cual se sostiene el sistema está caracterizado por un individuo con un ciclo de vida que está  lejos de ser representativo de la realidad de mujeres y de quienes se dedican a los trabajos domésticos y de cuidados de forma no remunerada. Por último, el sistema asume autosuficiencia de los individuos que trabajan en el mercado laboral formal, desconociendo la interdependencia en la que se sostiene tanto las vidas humanas como no humanas.

4.1. El modelo invisibiliza y subvalora el trabajo doméstico y de cuidados

La primera de las críticas señala que el sistema de capitalización individual no considera el trabajo doméstico y de cuidados como una labor digna de obtener una pensión. Aquellas personas que se dedican exclusivamente a este trabajo de forma no remunerada a lo largo de su vida no pueden cotizar, ni ahorrar de manera voluntaria, y sólo perciben una pensión en caso de que se encuentren en el 60% más vulnerable, a través de la PBS.   

Esta configuración del sistema previsional no es un hecho aislado, sino que responde a la invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados en todas sus dimensiones, aun cuando es en este espacio donde se juega la sostenibilidad de la vida. Esta invisibilidad se traduce en desvalorización, que está íntimamente relacionada con la feminización del trabajo en un sentido bidireccional: está desvalorizado porque lo realizan mujeres, y lo realizan mujeres porque está desvalorizado. Uno de los mecanismos concretos desde donde esta jerarquización se manifiesta, particularmente para nuestra sociedad, es el salario. En palabras de Federici, “El salario es un elemento esencial en la historia del desarrollo del capitalismo porque es una forma de crear jerarquías, de crear grupos de personas sin derechos, que invisibiliza áreas enteras de explotación como el trabajo doméstico al naturalizar formas de trabajo que en realidad son parte de un mecanismo de explotación” (Federici, 2018, p.15).  Si bien desde los feminismos no existe consenso sobre si la entrega de un salario es la vía desde donde se quiere reivindicar el trabajo doméstico y de cuidados, la ausencia de éste repercute aún más  en un sistema de pensiones que sólo considera a las personas con contribuciones salariales como dignas de percibir una pensión.

Si bien existen voces que pueden apelar a que reformas al sistema previsional como el Pilar Solidario o el “Bono por hijo” se hacen cargo de este problema, estas son insuficientes en un sistema capitalista y heteropatriarcal, en tanto no permiten sacar a quienes realizan estas labores de un contexto de precariedad.

El “Bono por hijo” es un beneficio enfocado a compensar el costo previsional de la maternidad a través de un aporte estatal equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos^[15]. Este bono comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento de la hija, hijo o hije, y está enfocado a sólo una parte de todas las mujeres que son madres^[16]. Si bien esta política reconoce que el mercado laboral castiga la maternidad e intenta compensar estas brechas, este mecanismo de compensación no está exento de críticas.

En primer lugar, es el único reconocimiento implícito a los cuidados y solo está dirigido a mujeres madres, sin incorporar una valoración a otros tipos de trabajos no remunerados. Excluye a todo el universo de personas que participa en el proceso de cuidado de niñes, adultes mayores y la población en general, dejando fuera particularmente a aquellas que se dedicaron al trabajo doméstico y de cuidados que no son madres, o que sí lo son, pero no cumplen con los requisitos para acceder al bono.

Un segundo elemento para considerar es que la política refleja un menosprecio y subvaloración al trabajo doméstico y de cuidados. El beneficio deja entrever la valoración intrínseca que se le da a estas labores, debido a que se valora el trabajo de cuidados en la maternidad con el sueldo mínimo. La decisión política de adjudicar un precio a este trabajo a través de un salario que en el mercado está fuertemente relacionado con trabajos precarizados, deja claro que no sólo se mantiene invisibilizado a ojos del mercado, sino que cuando se hacen intentos de ponerle un precio se posiciona en el eslabón más bajo de la escala salarial. Por otro lado, si bien este bono tiene como objetivo cubrir las lagunas de una mujer que fue madre, no se ajusta a los tiempos efectivos de cuidado ya que considera únicamente 18 meses desde el nacimiento del hije.

El Cuadro 2 muestra diversos escenarios de la rentabilidad del bono por hijo para distintas mujeres que fueron madres a los 25 años, y que dedicaron un número diferente de meses al cuidado. El primer caso, considera una mujer que cuidó los 18 meses que contempla el bono, el segundo una mujer que dedicó 18 años a cuidar y finalmente, un caso en que una mujer desde que fue madre hasta que jubiló se dedicó a las labores de cuidado asociados a su maternidad.

Una vez que el bono rentabiliza durante los 35 años supuestos en el mercado, alcanza una suma de $3,3 millones aproximadamente. Si se divide este monto por los meses efectivos de cuidado, en el primer caso cada mes se valora en $185.846, y en los casos de cuidado que ascienden a 18 y 35 años, este monto alcanza $15.487 y $6.060 respectivamente. Este ejercicio permite visualizar tanto lo bajo del salario que se utiliza para calcular el monto del bono, como la subestimación de los meses de cuidado que realiza una madre. Visto desde otra perspectiva, el aporte mensual a la pensión que recibirá la madre es de aproximadamente $9 mil, si se considera que vivirá 30 años después de empezar a recibir el bono.

Cuadro 2: Casos de proyección del “Bono por hijo” según meses de cuidado.

4.2. El modelo se basa en un ciclo de vida no representativo para las mujeres

Una segunda lectura crítica tiene que ver con la teoría del ciclo de vida que está predefinido en el modelo de pensiones. En él se asume un sujeto – en general varón- con tres etapas vitales bien definidas: en la primera adquiere capital humano y no trabaja remuneradamente; en la segunda ingresa al mercado laboral teniendo una participación constante, ininterrumpida y prolongada en el tiempo; para finalmente en la tercera fase retirarse y jubilarse (Véase Figura 1). Su perfil de ingresos también está bastante predefinido: en el primer momento se asume que el sujeto se endeuda o es financiado por otres. En el segundo momento recibe ingresos producto de su participación en el mercado laboral, en este periodo el sujeto es capaz de pagar la posible deuda acumulada en el primer periodo y también ahorrar. En el tercer momento gasta los ahorros acumulados, de eso está compuesta su jubilación.

Figura 1: Teoría del ciclo de vida

Esta simplificación de las trayectorias de vida produce que todos los otros perfiles que no cumplen con estas características dentro del sistema de pensiones se agrupen en torno al concepto de lagunas previsionales. Esto permite individualizar las desapariciones del mercado laboral, tratándolas como si fuesen decisiones personales que no responden a una necesidad colectiva, negando así su carácter sistémico. Desde esta lógica, la política pública se esfuerza por evitar que las y los trabajadores salgan del mercado laboral y tengan lagunas de cotización. El problema, sin embargo, está en creer que es posible no tener lagunas, lo que revela cómo las labores realizadas en el mercado laboral formal son las únicas consideradas relevantes y necesarias de fomentar.

Bajo esta simplificación de los ciclos de vida, desde la economía feminista hay quienes proponen que no es posible negar la diversidad de realidades en los análisis económicos, y que resulta fundamental relevar que la trayectoria supuesta por el modelo no representa la realidad de la mayoría de las mujeres en Chile. Existen al menos tres dimensiones en donde esto se puede evidenciar:

          (i) En primer lugar, las personas suelen mostrar permanentes entradas y salidas del mercado laboral formal. En el caso de las mujeres, estas entradas y salidas suelen estar explicadas por los ciclos de cuidados a lo largo de la vida.

          (ii) Segundo, las personas pueden nunca llegar a ofrecer el número de horas que el modelo espera, debido a que muchas se ven forzadas a tener jornadas parciales para lidiar con la carga que los trabajos domésticos y de cuidados suponen.

          (iii) Por último, esta carga de cuidados puede ser tan alta que implique la nula participación en el mercado laboral. Hablamos de aquellas personas que entregan su tiempo completo al trabajo doméstico y de cuidados y que suelen representarse en la figura de la dueña de casa.

A su vez, estas dimensiones están cruzadas por las condiciones en las que se desempeña el trabajo remunerado de las mujeres en el país, con mayores tasas de informalidad (30.8% de las ocupadas están en trabajos informales^[18]) y menores sueldos. Esta situación se agudiza para las mujeres migrantes o para aquellas concentradas en ocupaciones con mayores tasas de informalidad, como lo es el trabajo de casa particular donde la tasa de ocupación informal femenina llega a un 53,1%.

Obviar la diversidad de realidades en las trayectorias laborales de las personas se traduce en que el sistema es incapaz de otorgar pensiones dignas, dando lugar a una vejez empobrecida como condición intrínseca del sistema. Esto se manifiesta de manera extrema en el caso de las mujeres que nunca trabajaron en el mercado laboral formal y que, por lo tanto, nunca “contribuyeron” al sistema de pensiones, pudiendo acceder apenas a una Pensión Básica Solidaria de $141 mil al momento de jubilar, si se cumple con los requisitos necesarios.

Al hacer un ejercicio de simulación de trayectorias laborales, se observa en la Figura 2  las horas semanales promedio trabajadas remuneradamente según sexo y tramo etario. Con ellos se puede afirmar que el supuesto de ciclicidad del modelo se ajusta a los tiempos de trabajo remunerado tanto para hombres como para mujeres. Las personas presentan pocas horas de trabajo al principio de su ciclo, aumentando progresivamente su oferta de horas hasta alcanzar un nivel alto y relativamente permanente en la etapa productiva-reproductiva, para finalmente disminuir las horas y casi desaparecer del mercado laboral hacia al final del ciclo. Los gráficos también muestran que el nivel de horas remuneradas ofrecidas para mujeres es, a lo largo de todo el ciclo, inferior al de los hombres. La explicación a esto está en el cumplimiento de alguna o más de las tres dimensiones abordadas anteriormente.

Figura 2: Tiempo trabajo remunerado, según sexo, por tramos de edad

(En horas semanales)

En esa línea se analiza cuál es la realidad de los trabajos no remunerados en la Figura 3. En ella resulta evidente que los ciclos de los cuidados no se rigen bajo la teoría del ciclo de vida, ya que los tiempos de cuidado se mantienen relativamente constantes a lo largo de los tramos de edad. A su vez, la trayectoria de una mujer comienza con un nivel promedio de 23,7 horas semanales de trabajo no remunerado, más alto que cualquier nivel alcanzado por la trayectoria masculina, y no hace más que subir hasta alcanzar niveles de hasta 55 horas semanales promedio, las cuales disminuyen muy gradualmente, permaneciendo relativamente constantes hacia el final del ciclo.

Figura 3: Tiempo trabajo no remunerado, según sexo, por tramos de edad

(En horas semanales)

En definitiva, al observar las cargas globales de trabajo a lo largo del ciclo de vida (véase Figura 4), se puede concluir que las personas, en especial las mujeres, no se jubilan de sus funciones en ningún momento de su vida, a diferencia de lo que plantea el modelo. Incluso después de los 70 años las mujeres siguen trabajando un nivel de horas cercanas a una jornada completa, entre 40,4 y 35,6 horas semanales.

Figura 4: Carga global de trabajo, según sexo y tramos de edad, por tipo de trabajo (En horas semanales)

Esta situación contrastada a lo largo de los gráficos nos muestra que gran parte de las mujeres no ingresan al mercado laboral u ofrecen pocas horas en comparación a los hombres, y que aun cuando se insertan al trabajo remunerado cargan con responsabilidades desproporcionadas para que el hogar siga sosteniéndose. Como se puede observar en la Figura 5, existe un alto porcentaje de mujeres que no registran horas en el mercado laboral (42,1%) pero que trabajan en promedio 58,9 horas en actividades no remuneradas, lo que refleja la gran carga de cuidados a la que se enfrentan y las barreras que esto significa para ocupar su tiempo en otras actividades. A su vez, existe otro grupo importante de mujeres (38,3%) que trabajan aproximadamente una jornada completa y que aun así no se liberan de las responsabilidades de cuidados que se les asignan al interior de los hogares, dedicando 34 horas en promedio al trabajo no remunerado. Aun con estos altos niveles de trabajo, tanto dentro como fuera del mercado laboral, a las mujeres al final de su ciclo de vida muchas veces se les categoriza como no contribuyentes o de baja contribución en el sistema de pensiones.

Figura 5: Distribución de la población de 15 años y más en tramos de trabajo remunerado, y promedio de horas de trabajo no remunerado promedio. (En porcentajes y horas semanales)

Las mujeres trabajan toda su vida y si bien en sus registros se pueden observar comúnmente lagunas previsionales, si se pusieran los cuidados en el centro, dedicarse a labores domésticas y de cuidados no sería entendido como ausencia de tiempo laboral. Bajo esta lógica, se puede afirmar que las lagunas laborales no existen, ya que su definición se sustenta en una noción limitada del trabajo. En ese sentido, todas las personas que no se ajustan a un ciclo de trabajo formal y sin interrupciones quedan expuestas a la precarización. Esto significa que la participación parcial o absoluta en los espacios feminizados e invisibilizados a lo largo de la vida va a traducirse siempre, por construcción del sistema, en un desmedro en las pensiones de su vejez.

4.3. El modelo se basa en un supuesto irrealista de autosuficiencia

La tercera vía por la que se puede criticar el sistema de pensiones desde la economía feminista tiene que ver con el supuesto de autosuficiencia impuesto para el sujeto que trabaja en el mercado formal. El modelo supone que la pensión es el resultado de un proceso laboral que el individuo puede construir por sí mismo, sin depender de nadie. Esta idea se ve reflejada en el homo economicus, sujeto en el que se basa la teoría económica tradicional, reconceptualizado por la economía feminista como hombre champiñón. Se señala entonces que este individuo lograría configurar empleo, salario y posterior pensión como producto de su mérito personal y sus propias posibilidades y restricciones. La economía feminista, en cambio, reconoce que la vida humana y no humana se sostiene desde la interdependencia y, por lo tanto, no sería posible asumir que el valor generado en el mercado pueda construirse de manera individual.  

Al desconocer la interdependencia de las relaciones en todo momento del ciclo de vida – y no sólo en determinados momentos como la infancia o la vejez- el sistema invisibiliza fácilmente todas aquellas labores que permiten que la vida se sostenga y se ajuste más acá del mercado^[19], negando que “alguien se ha hecho cargo del trabajador cuando era niño, lo hace cuando enferma, y lo hará cuando envejezca; de alguna manera gestiona su regeneración diaria, tanto corporal como emocional” (Pérez Orozco, 2014, pp. 154). Concretamente, el mercado se está apropiando del valor creado en la esfera no remunerada, por trabajos realizados principalmente por mujeres. Si bien se podría asumir que es la fuerza de trabajo^[20] la que estaría adjudicándose este valor, es claro que en última instancia sería el capital.

Las AFPs se sustentan en este supuesto de autosuficiencia, desconociendo los cuidados constantes que incluso los varones adultos necesitan: comer, vestirse, asearse, ser cuidados cuando están enfermos, entre otros. El hombre champiñón es un ideal del mercado que no existe en la vida real, y para el sistema de pensiones la población no remunerada que permite que este hombre exista y pueda salir a trabajar es convenientemente invisible. Cuando las condiciones materiales y emocionales para que un individuo pueda ofrecer horas de trabajo remunerado al mercado dependen de un otro, que se ha dedicado a las labores de trabajo doméstico y de cuidado y que son principalmente mujeres, es incomprensible que el mérito y los beneficios solo se los lleve este individuo en particular.

Una forma de ver esta interdependencia es analizando particularmente el trabajo doméstico que realizan tanto hombres como mujeres según su estado civil. En la Figura 6 se observa que existe una distribución de los trabajos que realizan los individuos de acuerdo a su género. Las mujeres dedican en promedio una proporción mayor de tiempo al trabajo no remunerado mientras que los hombres lo dedican al trabajo remunerado, lo que se explica comúnmente por la división sexual del trabajo. Esta figura además permite observar cómo mujeres que se encuentran en una relación heterosexual y en pareja tienen en promedio mayor carga de trabajo doméstico que aquellas que no lo están. 

Figura 6: Tiempo de trabajo doméstico y trabajo remunerado, según estado civil

(Horas semanales)

Ampliando el análisis al trabajo no remunerado, que incluye tanto el trabajo doméstico como el de cuidados, se puede observar que existe una carga de estos trabajos a nivel hogar que no baja de 70 horas semanales y que es resuelta por sus miembros (véase Figura 7).  En el primer caso, cuando el hombre está ocupado y la mujer no ocupada^[21], la suma de trabajo no remunerado del hogar asciende a 87,8 horas semanales; donde la mujer realiza el 76,5% de estas horas (equivalente a 67,2 horas). Luego, cuando la mujer está ocupada y el hombre también, el total de horas alcanza 81,1 horas semanales, de las cuales la mujer sigue realizando 68% de ellas. El caso más ilustrativo de las responsabilidades de trabajo doméstico y cuidados que se le confieren a las mujeres al interior de los hogares está en la tercera combinación, donde la mujer está ocupada y el hombre no lo está, aquí el total de tiempo no remunerado del hogar llega a 71,9 horas semanales, pero la mujer sigue realizando más de la mitad de ellas (53,1%; equivalente a 38,2 horas semanales).

Figura 7: Distribución y horas promedio de trabajo no remunerado, según condición de actividad de los integrantes del hogar.

(En porcentaje y horas semanales)

La forma desigual de distribución del trabajo no remunerado y la sobrecarga que se llevan las mujeres cuando están emparejadas con hombres es un problema que atañe al sistema de pensiones. Este sólo valora y paga el trabajo que se realiza en el mercado laboral, el cual es posible gracias a quienes se quedan en los hogares realizando trabajo doméstico y de cuidados para sostener las condiciones de vida de la familia. No basta con tener dinero para satisfacer las necesidades del hogar, sino que hace falta trabajo para convertirlo en almuerzos, cenas, ropa limpia, cuidados emocionales y físicos todos los días.

5. Conclusiones y discusión política

El sistema de pensiones chileno se encuentra en una profunda crisis a 39 años de su implementación. Las pensiones que logra generar son insuficientes frente a las múltiples necesidades que presentan las personas que las reciben, lo que resulta en un sistema que no es capaz de asegurar las condiciones mínimas que permitan vivir una vejez digna de ser vivida. Desde diversas perspectivas críticas se han cuestionado los pilares sobre los que se sostiene este sistema, abordando la falta de solidaridad, su lógica privada y mercantil, la falta de legitimidad democrática al ser impuesta en dictadura, entre muchos otros.

Este estudio, desde la economía feminista, cuestiona los fundamentos del sistema de pensiones en Chile. Utilizando datos de uso del tiempo y de valorización de las labores domésticas y de cuidados, se realizan tres análisis para cuestionar los conceptos y supuestos sobre los cuales se ha construido el sistema. De esta forma, se deja al descubierto que su diseño tiene un fuerte sesgo ideológico y androcéntrico que se ha disfrazado sistemáticamente con argumentos técnicos.

En primer lugar, a través del análisis del Bono por Hijo se observa que el único cuidado que es reconocido, a la hora de recibir una pensión, es el de una madre hacia un hije con una duración de 18 meses, y por una valoración asociada apenas al salario mínimo. Esto da cuenta de la invisibilización de la diversidad y tiempos de cuidados que se resuelven en los hogares y de la desvalorización social de los mismos.

En segundo lugar, del análisis del ciclo de vida se muestra que los tiempos de trabajo doméstico y de cuidados no siguen las mismas dinámicas que las actividades realizadas dentro de los espacios mercantilizados, ya que las mujeres presentan trayectorias de trabajo doméstico y de cuidados permanentes a lo largo de todo el ciclo, apenas decayendo hacia el final de este. Esto sugiere que las mujeres nunca jubilan de su rol de cuidadoras, y que las llamadas lagunas laborales no existen.

En tercer lugar, se problematiza una de las piedras angulares sobre las cuales se sostiene este sistema, que tiene que ver con el supuesto de autosuficiencia de las personas. El sistema de pensiones desconoce que el trabajo que se puede ofrecer al mercado laboral es posible gracias al trabajo doméstico y de cuidados de quienes se quedan en el hogar. En consecuencia, pasa por alto la interdependencia de las relaciones y de los seres humanos valorando sólo aquellas labores que se reconocen como productivas.

Frente a los argumentos expuestos, no habría reforma posible que permita sostener este modelo de sistema previsional sin explotar ni expoliar el valor generado en las labores que están fuera del espacio mercantil. Producto de las lógicas neoliberales de este sistema, se reproducen y profundizan las desigualdades previamente instaladas.

Urge un nuevo sistema de seguridad social basado en derechos sociales y que permita ser una herramienta de visibilización y valorización de los cuidados y trabajos domésticos. Esto debe ir acompañado de medidas que vayan a subvertir la división sexual del trabajo y la organización social de los cuidados actual, cuestionando aquellas vías que proponen que se resuelva de manera privada y apostando por una verdadera corresponsabilidad social de las labores que permiten sostener la vida.

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^[1] En el presente documento están en cursiva aquellas palabras que se refieren a términos que han sido ampliamente utilizados en los análisis económicos tradicionales, pero que desde posturas críticas y heterodoxas generan debate.

^[2] La palabra producir está en cursiva ya que desde la crítica ecologista se plantea que la producción no existe, puesto que como sociedad se extrae y transforma lo que ya existe, generando residuos y consumiendo energía (Pérez Orozco, 2014). Para profundizar en esta crítica se puede revisar la “metáfora de la producción” de José Manuel Naredo.

^[3] Se usará el lenguaje inclusivo finalizado en “e” a lo largo del documento.

^[4] Este concepto está en cursiva para hacer alusión al limitado uso que se hace de él al discutir sobre el sistema de pensiones en Chile, ya que no considera las diferentes contribuciones que hacen las personas en sus trabajos no remunerados, informales o de cuidados al funcionamiento de la economía.

^[5] A partir del año 2018 los trabajadores independientes están obligados a cotizar.

^[6] La línea de la pobreza para un hogar unipersonal es de $170.688, para mayo 2020, según el Informe mensual del valor de canasta básica de alimentos y líneas de pobreza, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

^[7] Información obtenida de los cuadros 10 y 12 disponibles en el siguiente enlace.

^[8] Información obtenida del cuadro I del informe disponible en el siguiente enlace.

^[9] Pensión autofinanciada más aporte estatal, en caso de ser beneficiaria.

^[10] Relación que hay entre la primera jubilación que recibe una persona y el promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años.

^[11] Tiempo que una persona dedica al autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remunerados en el hogar o en otros hogares o comunidad.

^[12] Formaron parte de este debate, entre otres, Dalla Costa y James (1975), Harrison (1975), Gardiner (1975), Himmelweit y Mohun (1977), Humphries (1977), Rubery (1978), Folbre (1982).

^[13] Federici (2018) recopila parte de la discusión acerca del salario para el trabajo doméstico.

^[14] El término BBVA, fue denominado por María José Capellín (2005). Amaia Pérez Orozco lo extiende a BBVAh añadiendo la letra h de heterosexual.

^[15] Para mayor detalle ver el siguiente enlace.

^[16] El bono no está orientado a todas las mujeres que son madres, puesto que parte de los requisitos es haber cotizado, o ser beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez que está orientada al 60% más pobre.

^[17] Ver información de la Superintendencia de pensiones, disponible en el siguiente enlace.

^[18]  Cálculos propios en base a ENE ene-mar 2020, INE Chile.

^[19] Desde la economía feminista se utiliza esta expresión para hablar de todas aquellas labores que se encuentran y se resuelven fuera de los mercados, específicamente en los hogares y comunidades

^[20] Comúnmente la fuerza de trabajo se refiere a personas que están en edad de trabajar, que en Chile sería mayores de 15 y menores de 65, y que están activos, ya sea ocupados o desocupados. Cuestionamos este concepto en tanto existen quienes realizan trabajos que no se consideran en este concepto, como el trabajo doméstico y de cuidados, y que suelen categorizarse como personas inactivas.

^[21] El término ocupado usado comúnmente por la economía tradicional se refiere a una persona que se encuentra trabajando en el mercado laboral remunerado, esta será la definición que se use para este ejercicio. En ese sentido, la población no ocupada estará compuesta por las personas que se encuentran desocupadas (desempleadas y buscando trabajo) y aquellas que simplemente no participan del mercado laboral, definidas comúnmente como inactivas.

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